Garantías Administrativas y Seguridad Jurídico-Laboral en la Medicina Peruana: Sanciones de Susalud, Procedimiento Disciplinario y Regímenes Sanitarios

Por qué importa

El ejercicio profesional del médico anestesiólogo y de los especialistas en el área quirúrgica dentro del sistema sanitario peruano se desarrolla en una compleja intersección entre el Derecho Administrativo Sanitario y el Derecho Laboral Público. En las instituciones del Estado (Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y en el sector privado, la actividad asistencial está supeditada no solo a criterios éticos y deontológicos, sino a un entramado normativo rígido compuesto por la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), la Ley de Trabajo Médico (Decreto Legislativo N° 559) y las facultades de supervisión y sanción ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Para los médicos asistentes, residentes y jefes de departamento quirúrgico, el desconocimiento de las reglas procesales del procedimiento administrativo disciplinario (PAD) y de los procedimientos sancionadores (PAS) genera un alto estado de vulnerabilidad. Denuncias por presunta mala praxis, demoras en la atención asistencial o deficiencias en el llenado de la historia clínica suelen desencadenar investigaciones administrativas inmediatas. Comprender los principios procesales de debido procedimiento, tipicidad y los plazos de prescripción resulta fundamental para proteger los derechos laborales del médico y garantizar la gobernabilidad en la gestión de las unidades asistenciales.

Qué dice la evidencia

Análisis jurídicos y normativos recientes en el ámbito peruano han sistematizado las garantias procedimentales y las transformaciones laborales que rigen la práctica médica pública y privada:

1. Limites a la potestad sancionadora de Susalud

En el estudio doctrinal de García Ascencios (2024) sobre los procedimientos sancionadores conducidos por Susalud hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), se analiza el principio de que la Administración Pública no posee un poder punitivo ilimitado en el tiempo. La investigación detalla que la prescripción (que extinguir la potestad sancionadora por el paso del tiempo) y la caducidad (que fije el plazo máximo de duración del procedimiento sancionador) constituyen garantías constitucionales indispensables para proteger a los administrados y a las instituciones de salud frente a procesos sancionadores extemporáneos o indeterminados derivados de auditorías asistenciales.

2. Estatus de servidor público y responsabilidad acumulativa

La revisión jurídica elaborada por SOSLEGAL Abogados (2024) examina la naturaleza funcionarial del médico que labora en establecimientos estatales. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. N.° 03741-2013-PA/TC) y el marco de la Ley del Servicio Civil, el médico actúa como garante de derechos fundamentales. Por consiguiente, una presunta inobservancia técnica o falla en el acto médico acarrea responsabilidad en tres esferas independientes y acumulativas: responsabilidad administrativa disciplinaria (iniciada por las Secretarías Técnicas del PAD en la entidad), responsabilidad civil indemnizatoria y responsabilidad penal cuando se configuran delitos de negligencia o impericia.

3. Regímenes de contratación y formalización laboral

El Reporte Temático N.° 178 del Congreso de la República (2026) evidencia la coexistencia de múltiples regímenes laborales en los hospitales públicos (Decreto Legislativo N° 276, régimen CAS del D.L. 1057 y Decreto Legislativo N° 728), lo que genera un escenario normativo fragmentado. A su vez, los reportes oficiales del Ministerio de Salud (2025) señalan que la implementación de medidas normativas recientes y resoluciones ministeriales como la RM N.° 638-2025/MINSA han otorgado formalización laboral, nombramientos y adecuaciones salariales a 108,277 trabajadores asistenciales y administrativos a nivel nacional, buscando consolidar la carrera pública sanitaria y asegurar el estricto cumplimiento de la jornada laboral de 150 horas mensuales fijada por la Ley de Trabajo Médico.

Cómo cambia la práctica

La integración de estos conceptos legales exige cambios sustanciales en la conducta del médico y en la dirección asistencial:

• Rigurosidad en el registro médico-legal: El diligenciamiento minucioso de las hojas de anestesia, consentimientos informados, notas de evolución y registros de alta en la URPA es la principal defensa en un procedimiento administrativo disciplinario. La ausencia de datos clave en la historia clínica es tipificada frecuentemente como falta administrativa a los deberes de función.
• Ejercicio oportuno del derecho de defensa: Frente a la notificación de un informe de precalificación por la Secretaría Técnica del PAD, el médico debe exigir el cumplimiento irrestricto de las garantías procesales normadas en la Ley N° 27444 y Ley N° 30057, fundamentando sus descargos en los principios de tipicidad, proporcionalidad y debida motivación.
• Verificación de plazos de prescripción institucionales: Los gestores sanitarios y asesores legales hospitalarios deben fiscalizar que las investigaciones administrativas tramitadas por Susalud o por los órganos instructores de la entidad respete los plazos de caducidad y prescripción legalmente establecidos.
• Ajuste de programaciones y guardias médicas: Las jefaturas de servicio deben estructurar los roles asistenciales respetando el límite legal de 150 horas mensuales y los reglamentos de servicios complementarios, evitando sobrecargas horarias que incrementen el riesgo perioperatorio y vulneren el régimen laboral.

Limitaciones y vacíos

A pesar de la abundante regulación, persisten vacíos significativos en el marco del derecho administrativo laboral en salud. La coexistencia heterogénea de regímenes de contratación (CAS, 276 y 728) genera disparidad en las causales de sanción y procedimientos de destitución entre profesionales que ejercen idénticas funciones en el mismo centro hospitalario. Asimismo, la evidencia jurídica actual no profundiza en la articulación entre el procedimiento administrativo disciplinario estatal y el proceso sancionador ético-deontológico conducido por el Colegio Médico del Perú, produciendo en ocasiones dobles juzgamientos o resoluciones contradictorias. Hace falta investigar el impacto de la duración de estos expedientes en la salud ocupacional del personal asistencial investigado.

Fuentes

• Garcí

  Mi valoración

  Considero especialmente aprovechable la delimitación doctrinal sobre los plazos de prescripción y caducidad en los procedimientos sancionadores de Susalud, así como la clarificación de la responsabilidad funcionarial del médico público. Sin embargo, la principal reserva práctica radica en la heterogeneidad procesal provocada por la coexistencia de múltiples regímenes laborales (D.L. 276, CAS y D.L. 728), lo que dificulta una aplicación homogénea del régimen disciplinario. Para la gestión del servicio de anestesiología, esto exige implementar auditorías preventivas sistemáticas del registro perioperatorio e instaurar capacitaciones jurídicas operativas para blindar las decisiones clínicas y los tiempos de programación.

  a Ascencios F. La prescripción y la caducidad en los procedimientos sancionadores de Susalud. Ius et Praxis. 2024;(59). DOI: 10.26439/iusetpraxis2024.n59.7338
• SOSLEGAL Abogados. La Responsabilidad de los Médicos como Servidores Públicos: Un Análisis Jurídico y Constitucional. Blog Jurídico. 2024.
• Área de Servicios de Investigación del Congreso de la República del Perú. Reporte Temático N.° 178/2025-2026-ASISP/DIP: Marco normativo y regímenes de contratación para profesionales de la salud. Portal del Congreso. 2026.
• Ministerio de Salud del Perú. Trabajadores de salud accedieron a ocho beneficios laborales en los últimos tres años. Nota de Prensa MINSA. 2025.